[Foto: Composición RS/ANDINA]
Ahora, el Pleno del Parlamento deberá debatir y votar la medida, que podría impedirle ejercer cargos públicos por un período determinado.
El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recibió luz verde en la Comisión Permanente con una mayoría de votos a favor. En total, el documento fue aprobado con 22 votos a favor y 3 en contra, e incluye también a los exministros del Interior José Elice y Rubén Vargas. Se señala al exmandatario como responsable de la infracción de los artículos 45, 139 y 172 de la Carta Magna, así como culpable del presunto delito de abuso de autoridad. Esto debido a las resoluciones supremas emitidas por Sagasti, que permitieron el pase al retiro de 16 oficiales generales de la Policía y tres tenientes generales de manera irregular.
Acusaciones contra Francisco Sagasti
El informe aprobado sostiene que Sagasti habría incurrido en infracciones constitucionales al haber promovido cambios en la estructura de la PNP sin cumplir con los procedimientos establecidos. La acusación se basa en los relevos de comandantes generales durante su gobierno de transición, lo que, según sus detractores, debilitó la institucionalidad de la Policía.
Uno de los aspectos más cuestionados fue la destitución de César Cervantes como comandante general de la PNP y la posterior designación de otros mandos en su reemplazo. Legisladores como Jorge Montoya han señalado que estas decisiones fueron arbitrarias y atentaron contra la estabilidad institucional.
“No olvidemos que fue parte de un Congreso que traicionó a la nación, que favoreció la impunidad y que representó el desgobierno y la improvisación”, escribió Montoya en sus redes sociales.
Posturas a favor y en contra
La recomendación de inhabilitación ha generado opiniones enfrentadas en el Congreso y la sociedad. Para sus críticos, como algunos parlamentarios de la oposición, Sagasti habría cometido un abuso de autoridad al interferir en la jerarquía policial sin justificación suficiente. Argumentan que esto afectó la moral y operatividad de la institución.
Por otro lado, sus defensores consideran que las decisiones tomadas durante su mandato respondieron a la necesidad de reformar la PNP tras la crisis social de finales de 2020. Señalan que su gestión estuvo orientada a garantizar la estabilidad del país tras la destitución de Martín Vizcarra y el breve gobierno de Manuel Merino.
Por su parte, Francisco Sagasti también hizo uso de su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente y negó haber incurrido en el delito de abuso de autoridad.
El expresidente explicó que los cambios en los altos mandos de la PNP se realizaron por recomendación del entonces ministro del Interior y en respuesta a la crisis generada tras la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino, luego de la vacancia de Martín Vizcarra.
Próximos pasos en el Congreso
Con la aprobación del informe en la Comisión Permanente, el siguiente paso será su debate en el Pleno del Congreso, donde se requerirá una votación mayoritaria para hacer efectiva la inhabilitación. Se espera que en los próximos días se programe la sesión en la que se tomará la decisión final.
De aprobarse la sanción, Sagasti quedaría impedido de ejercer cargos públicos por un tiempo determinado, lo que podría afectar su eventual participación en procesos políticos futuros. Esta situación también podría sentar un precedente en cuanto a la responsabilidad de los expresidentes en la gestión de instituciones del Estado.
Reacciones y contexto político
Diversas personalidades políticas y analistas han manifestado su opinión sobre este proceso. Algunos sectores consideran que la inhabilitación es parte de una estrategia para debilitar a figuras políticas ajenas a las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Otros creen que es una medida legítima para garantizar el respeto a la institucionalidad.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamientos a expresidentes peruanos, muchos de los cuales han enfrentado investigaciones y sanciones en los últimos años. La decisión que tome el Congreso sobre Sagasti podría marcar un hito en la relación entre el Legislativo y las altas autoridades del país.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Nora Gutierrez