[La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, promueve la Ley de cine. Foto: Composición RS]
Ley que promueve el cine y la producción audiovisual genera críticas entre la Red de Cineastas Peruanos, la Asociación de Productores Independientes del Perú y gremios regionales.
El Congreso de la República del Perú ha promulgado la Ley N.º 32309, denominada oficialmente como la “Ley que promueve el cine y la producción audiovisual”. Esta norma busca modernizar el marco legal que regula el sector audiovisual nacional, pero también ha ocasionado una fuerte controversia debido a las nuevas condiciones impuestas para el acceso a subsidios estatales y los cambios en los criterios de evaluación de proyectos.
Este viernes 25 de abril se ha publicado en el diario oficial El Peruano la Ley de cine, la cual fue promovida por la congresista de Avanza País, Adriana Tudela. La medida fue aprobada con 71 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones.
Reducción del financiamiento estatal
Una de las disposiciones más discutidas es la limitación del financiamiento del Estado a solo un máximo del 70 % del presupuesto total de una producción audiovisual. Esta medida representa un cambio significativo respecto a la normativa anterior, que permitía al organismo público poder cubrir hasta el 100 % de los proyectos, sobre todo los que son con fines culturales o educativos.
Esta reducción obliga a los productores a asegurar al menos el 30 % restante mediante fondos propios, alianzas privadas o fuentes internacionales. Mientras que algunos sectores consideran que esto incentivará la sostenibilidad financiera de la industria, colectivos de cineastas advierten que se pone en riesgo la producción de películas independientes, regionales y de bajo presupuesto.
La ley también introduce un nuevo sistema de evaluación técnica para los proyectos que soliciten subsidios. Entre los requisitos establecidos se incluye la presentación de: un plan de producción detallado, presupuesto desglosado, estrategia de distribución nacional e internacional y un cronograma y plan de retorno de la inversión.
No obstante, la ley también contempla medidas de impulso a la industria. Se establece una asignación mínima de 6,000 UIT anuales (S/32 millones 100 mil, a su valor para 2025) para financiar producciones cinematográficas y audiovisuales. De este monto, al menos el 40 % se destinará a producciones realizadas fuera de Lima, con un énfasis en aquellas que promuevan lenguas originarias y expresiones culturales diversas.
Asimismo, se ha creado el mecanismo del Crédito Audiovisual, un beneficio tributario que permitirá a empresas deducir del impuesto a la renta las inversiones realizadas en proyectos cinematográficos, una medida que busca atraer capital privado al sector.
Reacciones y protestas
Desde su aprobación, la Ley 32309 ha generado una intensa ola de críticas por parte de organizaciones como la Red de Cineastas Peruanos, la Asociación de Productores Independientes del Perú y gremios regionales. Varios son los colectivos que han realizado manifestaciones públicas y foros de discusión, exigiendo que se respete la pluralidad de voces y que el Estado no condicione el financiamiento a criterios ideológicos o comerciales.
Los opositores han llamado a esta ley una “Ley Anticine”, denunciando que lejos de promover, podría debilitar la capacidad crítica y cultural del cine peruano, en especial en un contexto donde el audiovisual se ha convertido en una herramienta clave de memoria, identidad y denuncia social.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Jennifer Palomino