[Este negocio delictivo se ha expandido ya que emplean entidades delictivas para usurpar propiedades. Foto: Imagen referencial/ Composición RS/ Freepik]
La usurpación de terrenos, impulsada por redes de corrupción, deja a los ciudadanos vulnerables. Grupos delictivos operan impunemente en el tráfico ilegal de tierras.
La delincuencia organizada ha hallado protección en la usurpación de territorios y propiedades, sustentada por una red de corrupción en varias entidades gubernamentales. Las comisarías, fiscalías, municipalidades, notarías y tribunales, al no desempeñar sus responsabilidades o al emitir documentos falsos, promueven el despojo ilegal de tierras y bienes, dejando a los ciudadanos con escasos recursos totalmente vulnerables.
La ausencia de supervisión y control en algunas áreas ha facilitado que la descentralización judicial se transforme en un elemento que fomente la corrupción en el sistema. Sin sistemas de supervisión eficientes, numerosas autoridades locales operan con impunidad, favoreciendo a agrupaciones delictivas y transgrediendo los derechos de los ciudadanos.
En consecuencia, aquellos que perpetran estos delitos actúan con la seguridad de que raramente se encontrarán con repercusiones. En un sistema en el que apenas les interesa luchar contra la corrupción, la justicia se torna inaccesible para aquellos que más la requieren.
Negocio delictivo
Este negocio delictivo se ha expandido tanto que existen individuos que emplean a entidades delictivas para usurpar propiedades con el objetivo de despojar a sus legítimos dueños. Por esta razón, se establece un fondo para sufragar la red de corrupción institucional.
Cuando los afectados solicitan ayuda en la comisaría del sector, esta se resiste a intervenir, ignorando sus responsabilidades. Frente a esta ausencia de medidas, las víctimas deben interponer su denuncia directamente ante la Fiscalía, pero sin la realización de una constatación policial.
No obstante, este proceso empieza a encontrarse con una serie de barreras: el fiscal, actuando de manera negligente, simplemente comunica a los delincuentes para que se presenten voluntariamente a declarar. Después de múltiples llamadas sin respuesta, acaban archivando las denuncias con la justificación de que los imputados no se presentaron a declarar.
No se otorgan advertencias, ni instrucciones de manejo bajo nivel de fuerza, y mucho menos se requieren arrestos preventivos, incluso en situaciones de flagrancia. Adicionalmente, si los agraviados piden la restitución de la propiedad con la intervención de la fuerza pública, los pedidos repetidos ni siquiera se solucionan.
Cuando esto ocurre, es claro que se ha contratado a la red de corrupción para llevar a cabo el despojo.
Venta ilegal
Una vez usurpada la propiedad, otro conjunto de individuos se identifica como ‘‘adquirientes de buena fe’’. Estos individuos dividen el terreno y lo comercializan a compradores desinformados, disfrazados de una falsa asociación de vivienda, a menudo con nombre registrado en SUNARP.
Este sistema muestra una colaboración entre diversas entidades criminales, implicadas en organización delictiva, usurpación intensificada, corrupción activa y pasiva de cargos públicos, daños severos a la propiedad, falsedad material e ideológica, venta de bienes ajenos, y en numerosas situaciones, incluso secuestro y ataques contra la integridad y la vida de las víctimas.
Casos en el país
Este no es un ejemplo distinto. Se observan circunstancias parecidas a lo largo del país, dejando a los ciudadanos totalmente vulnerables frente a un sistema de justicia ineficiente y corrupto.
Es crucial que las autoridades de control realicen una investigación detallada de estos casos y analicen la actuación de las comisarías, fiscalías y tribunales penales. Únicamente mediante una actuación firme se podrá desmantelar las redes de corrupción y delincuencia organizada que funcionan sin problemas en el tráfico de tierras.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Angelica Cordova