[Son hallados sin vida los cuerpos de 13 trabajadores en Pataz. Fuente: Infobae]
Según el informe policial, los trece trabajadores fueron secuestrados el pasado 26 de abril y hasta la fecha del encuentro de los cuerpos no se registró ningún tipo de negociación con los criminales para su liberación.
La región de La Libertad vive momentos de consternación y tensión luego de que se hallaran a 13 trabajadores mineros sin vida dentro de un socavón. El grupo minero fue secuestrado el pasado 26 de abril en la localidad de Llacuabamba, provincia de Pataz, para luego ser ejecutado por los criminales.
Los cuerpos fueron encontrados el 4 de mayo dentro de la mina. Se presume que las víctimas, contratistas de la minera Poderosa, habrían sido ejecutadas por sicarios vinculados a bandas mineras ilegales que operan en la zona. El ataque habría sido liderado por Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, quien exigía un rescate de cuatro millones de soles.
Según las investigaciones preliminares, durante el secuestro no se registró ningún tipo de negociación con los captores y tampoco una comunicación con los familiares, hasta el hallazgo de los cuerpos de los trabajadores se identificó que fueron maniatados y asesinados con disparos en la cabeza. Fueron tras varios días de búsqueda, en un contexto de escasa presencia estatal y creciente violencia en la zona minera. Este crimen ha desatado una ola de indignación tanto en la ciudadanía como en las autoridades locales y nacionales.
Respuesta de las autoridades
El Gobierno Regional de La Libertad, presidido por César Acuña, ha emitido un enérgico pronunciamiento en el que exige al Ejecutivo declarar el “estado de sitio” en toda la provincia de Pataz. Acuña argumentó que la violencia ha sobrepasado los límites tolerables y que se requiere una intervención militar inmediata para restablecer el orden. “No podemos permitir que el crimen organizado siga asesinando impunemente. Esta tragedia enluta al país entero”, declaró el gobernador.
Por su parte, el Congreso ha citado al ministro del Interior, Walter Ortiz, para que comparezca ante la Comisión de Defensa y explique las medidas que su sector está adoptando frente al avance del crimen organizado en zonas mineras. La falta de acciones preventivas y la débil reacción de las fuerzas del orden han sido duramente criticadas.
En paralelo, diversas organizaciones sociales, gremios mineros y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú también se han pronunciado, pidiendo una respuesta contundente del Estado. La empresa Poderosa se pronunció por medio de un comunicado donde lamentó la muerte de los 13 trabajadores, quienes «que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal» y resaltó que ya son casi 40 personas que han sido víctimas mortales de ese tipo de delincuencia
En continuación con su pronunciamiento, también denunció previamente la existencia de “zonas liberadas” en la región, donde operan mafias armadas ligadas a la minería ilegal, extorsión y tráfico de armas. «No será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada», indicó la empresa minera.
Familiares de las víctimas han expresado su profundo dolor y reclaman justicia. Aseguran que, pese a las alertas previas, las autoridades no actuaron con la celeridad necesaria para evitar esta tragedia. Algunos incluso acusan a las fuerzas del orden de haber subestimado el secuestro, ya que los cuerpos fueron encontrados muy cerca del lugar donde fueron vistos por última vez.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Jennifer Palomino