[El ministro de Trabajo se pronunció ante la medida del Congreso por el caso en Pataz. Foto: Infobae]
El mecanismo para que los mineros informales puedan iniciar un proceso de adecuación a la legalidad, creada en 2012, fue aplazada por el Congreso pese a las constantes críticas de expertos por promover la minería ilegal.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, cuestionó duramente la decisión del Congreso de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta junio de 2025, luego de la matanza ocurrida en Pataz. Calificó la medida como una “mala decisión” y señaló que por el contrario, ha contribuido a fomentar la minería ilegal bajo el amparo de la formalización.
Para el ministro, la decisión de aplazar los plazos de registros hasta el 30 de junio de este mismo año no fue una respuesta suficientemente firme por parte del Congreso. En cambio, el lento avance de la formalización de la minería, contribuye a la proliferación de la minería ilegal e informal en el país. Según el presidente de Confemin (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal), Máximo Franco, en los más de 10 años que existe REINFO, solo el 1.5% de mineros ha conseguido formalizarse y considera que el sistema de registro “es un fracaso”.
El REINFO fue creado en 2012 como un mecanismo transitorio para permitir la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales, quienes debían cumplir con ciertos requisitos técnicos, ambientales y legales. Sin embargo, diversas voces desde el gobierno, el sector privado y el Tribunal Constitucional han advertido que el proceso ha sido distorsionado y aprovechado por redes ilegales.
En un diseño principal, el registro de formalización fue creado como un mecanismo temporal de 24 meses para poder poner orden a la minería ilegal. Sin embargo, hasta la actualidad ha sido extendido en al menos cuatro ocasiones pese a las constantes críticas de este proyecto. Por ejemplo, según una investigación publicada por Ojo Público, entre 2021 y 2023, más de 5.800 empresas y personas que lograron registrarse no cumplieron con la obligación de presentar reportes semestrales sobre su producción de oro, lo que ha puesto en duda la efectividad del sistema de fiscalización.
El Tribunal Constitucional advirtió recientemente que el proceso de formalización no puede convertirse en un “escudo legal” para encubrir delitos ambientales, tributarios o incluso actividades de criminalidad organizada, como ocurre en algunas zonas del país donde la minería ilegal se ha infiltrado fuertemente. Por esa razón, declaró que los mineros ilegales no deben quedar exonerados de sanciones penales por delitos ambientales. “No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio”, señala la sentencia.
Críticas al Gobierno Boluarte
La empresa Poderosa cuestionó al Congreso de la República por las constantes ampliaciones del REINFO, puesto que expertos han indicado que sirve como promotor de la minería informal. “Reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, manifestó la Minera Poderosa en un comunicado.
En paralelo, el presidente del Consejo de Ministro, Gustavo Adrianzén enfatizó que la ampliación del REINFO debió haberse discutido con mayor profundidad, considerando los riesgos de seguridad y el daño que ocasiona la minería ilegal. Según el ministro, no se puede seguir tolerando un sistema que permite a personas y organizaciones operar sin cumplir estándares mínimos y sin control real del Estado: “No se puede ampliar un registro que está siendo utilizado como fachada por las mafias”, indicó.
A pesar de las críticas, el REINFO sigue siendo considerado por algunos como una herramienta necesaria para incluir a miles de pequeños mineros en el sistema legal. Sin embargo, expertos coinciden en que se requiere una reforma estructural del proceso, con mayor fiscalización, plazos claros y mecanismos que impidan que actores ilegales se camuflen como formales.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Jennifer Palomino