[Colectivo de madres buscadoras luchando por justicia. Foto: Infobae]
Según la organización IM-Defensoras, entre 2020 y 2024 se han registrado 1,383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación en México. Esto representa 15% del total de las agresiones a defensoras en el mismo período en el país.
El país de México está viviendo una crisis de desaparecidos y son las madres de familia quienes son las protagonistas en la búsqueda por hallar a sus seres queridos, ante la falta de respuesta del Gobierno. Pero su trabajo como “madres buscadoras” les ha llevado a tener que enfrentar diversos retos como la criminalidad, y es que desde el 2019, al menos 19 mujeres que integraban colectivos de búsqueda fueron asesinadas en distintos estados del país.
En un contexto donde más de 125,000 personas están desaparecidas en México, muchas madres se han convertido en investigadoras autodidactas: rastrean llamadas, analizan mapas, estudian restos óseos y lidian con burocracias opacas. El Estado, lejos de poder garantizarles una protección, ha mostrado una respuesta deficiente y victimizante. En algunos casos, ni siquiera se les brinda acompañamiento en operativos de búsqueda.
La impunidad es el común denominador en las madres buscadores. Ninguno de los 19 asesinatos ha llegado a ser resuelto completamente, y en muchos casos, ni siquiera se han identificado a los responsables. Organizaciones como IM-Defensoras han alertado sobre el aumento de agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos: más de 1,300 ataques se registraron entre 2020 y 2024, lo que representa que una de cada tres defensoras son asesinadas en México en el mismo periodo.
Estados como Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Veracruz concentran una gran parte de los crímenes contra buscadoras, amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia y homicidios. En Jalisco, uno de los epicentros de la crisis forense, las desapariciones están estrechamente ligadas al poder del crimen organizado. En este contexto, buscar a un ser querido no solo representa una labor humanitaria, sino un desafío directo a grupos delictivos y redes de complicidad institucional.
El caso más reciente fue el de Teresa González Murillo, asesinada en abril de 2025 en Guadalajara. Teresa formaba parte del colectivo “Voz y Dignidad” y había denunciado amenazas. Su homicidio fue calificado inicialmente como “robo”, pero familiares y compañeras sostienen que se trató de un ataque dirigido.
Voces que resisten
A puertas del Día de las Madres, el 10 de mayo, colectivos de todo el país marcharon en ciudades como Ciudad de México, Hermosillo, Monterrey y Guadalajara, exigiendo justicia, protección y acciones concretas del Estado. “No estamos celebrando, estamos exigiendo”, gritaban madres con fotos colgadas al cuello. En redes sociales y medios de comunicación, se ha intensificado la campaña para visibilizar la violencia que enfrentan.
A la protesta, acudieron madres de edad avanzada que viven en comunidades rurales y han perdido otros hijos por violencia. La búsqueda se ha vuelto su único motor de vida, una labor que debería ser del Estado pero que ellas han asumido con determinación.
El asesinato de madres buscadoras no solo refleja una crisis de seguridad, también evidencia el desprecio institucional hacia los derechos humanos. Mientras las cifras de desaparecidos aumentan y los feminicidios se mantienen en niveles críticos, el Estado permanece indiferente. Ninguna estrategia nacional atiende el riesgo que enfrentan estos colectivos. Tampoco se destinan recursos suficientes para esclarecer sus asesinatos.
Ante esto, organismos internacionales, asociaciones civiles y colectivos de víctimas exigen que el gobierno mexicano implemente medidas de protección inmediatas, así como una fiscalía especializada en delitos contra personas buscadoras. También se solicita mayor participación de la ONU y organismos de derechos humanos para monitorear los casos y presionar por resultados.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Jennifer Palomino