El expresidente peruano Alejandro Toledo enfrenta un nuevo episodio judicial relacionado con los actos de corrupción por la concesión de la Carretera Interoceánica Sur. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Richard Concepción Carhuancho, solicitó oficialmente a las autoridades de Costa Rica la repatriación de US$ 6,6 millones más intereses, dinero que permanece congelado en cuentas vinculadas al caso Odebrecht.
Estos fondos fueron bloqueados en el Scotiabank de Costa Rica, a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A., y estarían directamente relacionados con pagos ilícitos de Odebrecht y Camargo Correa. Las transferencias ilegales habrían ocurrido durante la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur, proyecto emblemático que se inició en 2005 durante el gobierno de Toledo.
La solicitud judicial fue realizada en el marco del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y bajo el principio de reciprocidad internacional. Si se aprueba, el dinero será trasladado a las cuentas del Estado peruano como parte de la reparación civil en el proceso penal por colusión y lavado de activos que enfrenta el exmandatario.
Fundamentos legales y colaboración eficaz
El pedido de repatriación se basa en una sentencia de colaboración eficaz emitida en junio de 2019 y confirmada en enero de 2020. Esta resolución demostró que el dinero en disputa se encuentra en dos cuentas de Ecostate Consulting, empresa usada como vehículo financiero para canalizar sobornos provenientes de constructoras brasileñas.
El empresario Josef Arieh Maiman Rapaport, cercano a Toledo, admitió haber sido intermediario en las transferencias ilícitas. Parte de esos fondos se destinó a la compra de inmuebles y pago de hipotecas en beneficio del expresidente y su entorno familiar.
Las pruebas incluyen registros de viajes, reuniones, transferencias bancarias y documentos financieros que demuestran la ruta del dinero desde Odebrecht hasta Costa Rica. El juez Concepción Carhuancho señaló que se cumplen los requisitos de doble incriminación, ya que los delitos de colusión y lavado de activos son penados tanto en Perú como en Costa Rica.
El caso Interoceánica Sur
La Carretera Interoceánica Sur fue un megaproyecto para unir Perú con Brasil. En 2005 se firmaron contratos con dos consorcios:
- CONIRSA (Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales) para los tramos 2 y 3.
- Intersur (Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão) para el tramo 4.
Aunque el proyecto era de gran importancia estratégica, la Contraloría detectó deficiencias graves en la adjudicación: falta de estudios de impacto ambiental y ausencia de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Posteriormente, las investigaciones del caso Odebrecht revelaron que la empresa brasileña pagó más de US$ 20 millones en sobornos a Toledo. El testimonio de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, y la confesión de Maiman confirmaron que los pagos alcanzaron entre 34 y 35 millones de dólares, canalizados mediante empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa a Alejandro Toledo de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, junto a exfuncionarios y representantes de las constructoras involucradas. Actualmente, Toledo está recluido en el penal de Barbadillo y afronta procesos de extradición y reparación civil por los actos de corrupción cometidos durante su gobierno.
En síntesis, la repatriación de los US$ 6,6 millones desde Costa Rica representa un paso clave para recuperar fondos ilícitos y fortalecer el proceso judicial contra Toledo, en uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la historia reciente del Perú.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Bethzabel Chavez