El futuro del paro de transportistas, previsto para el viernes 3 de octubre, se mantiene incierto, ya que su continuidad dependerá de la respuesta que el Congreso de la República dé a las demandas de seguridad y diálogo planteadas por los gremios del sector. La medida de fuerza, iniciada el jueves 2, busca presionar a las autoridades para que adopten acciones concretas frente a la ola de extorsiones y sicariatos que afecta gravemente a conductores, cobradores y empresarios de transporte.
Durante la jornada de protesta, cientos de transportistas se movilizaron en diferentes puntos de Lima, exigiendo al Parlamento soluciones estructurales que garanticen condiciones seguras de trabajo. Los gremios reclaman la creación de una política articulada que frene la violencia y la criminalidad en el sector. Según señalaron, los actos de extorsión y asesinatos se han vuelto frecuentes, afectando no solo al transporte urbano sino también a otras actividades comerciales.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando delegaciones de transportistas, encabezadas por Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, se dirigieron al Congreso para insistir en la apertura de una mesa de diálogo. Durante el trayecto, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó detenciones tras incidentes calificados como disturbios. Se reportaron seis detenidos en el cono norte, lo que generó molestia entre los manifestantes. Palomino calificó las intervenciones policiales como “excesivas” y exigió la liberación inmediata de los retenidos, afirmando que se trataba de personas que simplemente se trasladaban en buses hacia el centro de la capital para sumarse a la protesta.
El dirigente advirtió que, si el Congreso no abre espacios de negociación, el paro continuará el viernes. Entre los principales reclamos destacan la creación de una unidad especial conformada por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial para luchar contra la delincuencia organizada en el transporte. Esta fuerza tendría un modelo de trabajo similar al del FBI en Estados Unidos, para mejorar la coordinación interinstitucional y evitar la dispersión de responsabilidades entre entidades.
Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), también participan en la mesa de diálogo convocada. Su objetivo es lograr compromisos concretos por parte del Congreso, incluyendo la liberación de los detenidos y el inicio de políticas efectivas de seguridad.
Los transportistas sostienen que el Estado ha sido lento e ineficiente en la respuesta frente al avance del sicariato y la extorsión, lo que ha dejado a miles de trabajadores expuestos a amenazas y asesinatos. En consecuencia, consideran urgente una estrategia nacional que fortalezca la investigación, la persecución penal y la sanción de los responsables. La creación de una unidad de élite es vista como una alternativa viable para enfrentar de manera centralizada y efectiva a las organizaciones criminales que operan en este sector.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Bethzabel Chavez