Circular en vehículos tubulares o “buggies” por las dunas de Huacachina representa un riesgo elevado para turistas, conductores y residentes, según alertó la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica. El fiscal Pedro Eloy Del Carpio explicó que la mayoría de estas unidades son de fabricación artesanal, carecen de homologación técnica y no cuentan con autorización legal para operar, lo que incrementa significativamente el peligro de accidentes.
Los buggies, también conocidos como areneros o ROV (vehículos recreativos fuera de carretera), no cumplen con normas técnicas ni con las inspecciones vehiculares exigidas por ley. Por esta razón, su circulación en espacios públicos es ilegal. Sin embargo, en Huacachina es frecuente verlos transitar no solo por las dunas, sino también por calles y zonas turísticas cercanas al oasis, lo que agrava el riesgo para peatones y otros vehículos.
Los accidentes con buggies son recurrentes. Se registran vuelcos y choques que han dejado desde lesiones leves hasta víctimas mortales. La combinación de velocidades altas, terrenos irregulares, falta de señalización y ausencia de control técnico multiplica las probabilidades de incidentes graves. Estos vehículos, al circular también cerca de talleres y estaciones de servicio, representan una amenaza adicional para terceros.
La legislación peruana establece que todo vehículo destinado al transporte de personas debe contar con inspecciones técnicas aprobadas, registro vehicular y permisos específicos. Los buggies usados en Huacachina no cumplen con ninguno de estos requisitos. Según la Fiscalía, deberían operar solo en espacios privados y bajo supervisión estricta, pero la falta de control permite su uso generalizado en zonas no autorizadas. Esta situación también se replica en Nasca y Paracas, donde se ha identificado la operación irregular de estos vehículos turísticos.
El empleo inadecuado de los buggies ha tenido consecuencias trágicas. En mayo de este año, un accidente en la zona conocida como Lomo de Camello, en Huacachina, causó la muerte de la turista estadounidense María Focumet (56). El vehículo en el que viajaba se volcó durante una actividad de sandboarding. Aunque fue trasladada rápidamente al hospital regional, los médicos confirmaron su fallecimiento. La investigación reveló que en la región operan al menos 450 tubulares sin autorización, evidenciando una situación de falta de regulación sistemática.
Los operadores de estos servicios turísticos pueden enfrentar responsabilidad penal por delitos como lesiones culposas, homicidio culposo o exposición al peligro. Además, podrían ser denunciados por fraude al consumidor, falsedad genérica y publicidad engañosa, al ofrecer servicios que incumplen la normativa. También se ha advertido que funcionarios públicos que permitan estas actividades podrían ser investigados por omisión de funciones, encubrimiento, abuso de autoridad o daño a zonas protegidas, ya que la actividad afecta incluso el ecosistema dunar, utilizado informalmente como estacionamiento.
El Ministerio Público ha solicitado a autoridades locales y nacionales adoptar medidas urgentes para regular la actividad y reforzar la supervisión. Se busca prevenir nuevos accidentes y proteger tanto a visitantes como al entorno natural. La muerte de Focumet sirvió como un llamado de atención sobre la necesidad de aplicar controles más estrictos y garantizar que los servicios turísticos en Huacachina cumplan estándares mínimos de seguridad y legalidad.
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Redactado por Bethzabel Chavez