[De acuerdo con G4S, el 88% de los líderes de seguridad en Perú consideran a la desinformación y a los grupos activistas como amenazas crecientes para las empresas. Imagen: Infobae / Composición: RS]
La desinformación y activismo antiempresarial en Perú sobrepasan los niveles regionales según la multinacional británica. Argentina supera a Perú en pérdidas por incidentes de seguridad.
La violencia contra empresas y altos cargos ejecutivos en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, lo que genera una creciente sensación de vulnerabilidad en el sector empresarial. Un informe reciente de la multinacional británica de seguridad G4S, publicado en el World Security Report 2025, revela que los líderes de seguridad corporativa en el país anticipan un aumento significativo de las amenazas que podrían afectar gravemente la operación de las compañías durante los próximos meses. Además, el 88% de estos líderes percibe como un riesgo creciente la desinformación y los grupos activistas antiempresariales, superando a casi todos los países latinoamericanos, salvo Argentina.
El reporte destaca que más de la mitad de los responsables en seguridad (54%) considera que la inestabilidad económica en Perú impactará en sus empresas durante el próximo año, mostrando un aumento considerable respecto a años previos. En respuesta, el 82% de los ejecutivos planea aumentar la inversión en seguridad física y tecnológica, apostando por tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, analítica de video y detección automatizada de instrucciones para proteger sus instalaciones.
Entre las amenazas más preocupantes figuran el fraude externo, la filtración de información sensible, el espionaje corporativo, daños intencionados a infraestructuras y la violencia contra el personal. La filtración de datos críticos, tanto desde el exterior como desde el interior de las empresas, es uno de los puntos vulnerables, apuntando hacia el robo de activos, sabotaje y espionaje impulsados desde dentro de las organizaciones. El 42% de los expertos atribuye estos ataques internos a motivaciones financieras o problemas personales, mientras que el 38% señala razones ideológicas o políticas.
La situación está enmarcada en un contexto económico y social complejo. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perú enfrenta un escenario donde la criminalidad organizada asfixia a más de 2 millones de empresas, con un aumento del 478% en casos de extorsión entre 2019 y 2024. Solo en nueve meses de 2025, las denuncias alcanzan ya el 82% del total del año anterior. Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque y Callao concentran la mayoría de estos casos, afectando directamente la operatividad y competitividad empresarial. La violencia y la extorsión sistemática han provocado el cierre de miles de negocios, principalmente en sectores con alta informalidad, como pequeños comercios y mypes.
El impacto económico se refleja en la postergación de inversiones, alteración de rutas logísticas y aumento de costos por seguridad y seguros, lo que se traduce en una erosión de la competitividad del sector privado. Por ejemplo, solo en Lima, más de 2,000 establecimientos han cerrado debido a la extorsión y amenazas constantes, con pérdidas diarias que superan los 500,000 soles.
Frente a este escenario, los gremios empresariales han exigido al gobierno una mayor prioridad en la asignación de recursos para combatir la delincuencia y dejar de financiar empresas estatales deficitarias. También se movilizan trabajadores y sectores estratégicos, como el de construcción civil y transporte, demandando seguridad, aumentos salariales y medidas contra la violencia que afecta directamente el clima laboral y la economía.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Lucero Falcon