[Abogado de víctimas alerta sobre un retroceso en la justicia tras la desactivación de fiscales de protestas sociales. Imagen: Exitosa – Angela Ponce / Composición: RS]
Juan José Quispe dijo que la decisión de Tomás Aladino Gálvez crea un “manto de impunidad” para las investigaciones a altos mandos y funcionarios por las protestas.
El Ministerio Público de Perú desactivó el Equipo Especial para el Caso de las protestas, lo que generó críticas inmediatas de familiares de víctimas fallecidas en los disturbios de fines de 2022. Esta medida impacta directamente las investigaciones sobre los eventos que dejaron decenas de muertos y heridos durante manifestaciones contra el gobierno de ese entonces. El abogado defensor de los deudos calificó el hecho como un “día negro” para la institución.
Las manifestaciones iniciaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, extendiéndose hasta principios de 2023 por diversas regiones del país. Según registros oficiales, resultaron al menos 50 fallecidos y más de 1.000 heridos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en lugares como Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca. Autoridades crearon el equipo especial en 2023 para esclarecer responsabilidades en muertes por presuntos abusos policiales y militares, bajo supervisión de la fiscalía superior.
La decisión se formalizó el 6 de enero de 2026 mediante resolución interna del Ministerio Público, argumentando reestructuración administrativa y redistribución de casos a fiscalías comunes. El equipo, liderado por fiscales especializados, había avanzado en diligencias como necropsias, peritajes balísticos y recolección de testimonios de testigos oculares. Fuentes fiscales indicaron que los expedientes pasarán a unidades penales ordinarias, lo que podría dilatar procesos acumulados.
El abogado Carlos Guevara, representante legal de deudos de víctimas en Ayacucho y Apurímac, denunció la medida como un retroceso en la búsqueda de justicia. En declaraciones a medios locales, enfatizó que la desactivación frena imputaciones contra agentes involucrados en homicidios calificados. Familiares organizaron vigilias frente a sedes fiscales en Lima y Cusco, exigiendo reactivación inmediata y temiendo prescripción de delitos.
El Ministerio Público enfrenta cuestionamientos por la eficiencia en casos de derechos humanos desde hace años, con informes de la Defensoría del Pueblo señalando demoras en investigaciones similares. Previamente, en 2025, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado peruano agilizar pesquisas sobre violaciones durante protestas. La fiscal general Zoraida Ávalos, en ejercicio hasta su reemplazo reciente, defendió la reasignación como medida para optimizar recursos fiscales limitados.
Con la disolución, fiscales provinciales asumirán carpetas que incluyen pruebas como videos de cámaras de seguridad y reportes médicos forenses de víctimas. Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal alertaron sobre riesgo de pérdida de cadena de custodia en evidencias clave. Hasta la fecha, solo tres agentes policiales enfrentan procesos formales por exceso de fuerza en incidentes aislados de las protestas.
Representantes de la bancada de izquierda en el Congreso, como Ruth Luque, repudiaron la acción vía redes sociales, calificándola de encubrimiento institucional. Por su parte, el Ejecutivo bajo el actual gobierno emitió un comunicado recordando compromisos con la verdad histórica, sin mencionar el equipo especial disuelto. Voceros del Ministerio del Interior reiteraron colaboración con pesquisas transferidas, enfocándose en modernización de protocolos policiales post-2022.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por: Lucero Falcon Delgado