[El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirma que hay transportistas sin escrúpulos coludidos con los extorsionadores que los atacan. Imagen: PCM – Agencia Andina / Composición: RS]
El presidente del Consejo de Ministros denuncia a “transportistas inescrupulosos” que entregan información a mafias criminales responsables de atentar contra la vida de choferes y cobradores.
El premier Ernesto Álvarez Vera, actual presidente del Consejo de Ministros del Perú, desató una polémica nacional al declarar públicamente que un sector de transportistas en Lima y el Callao opera en complicidad directa con las organizaciones criminales responsables de las extorsiones y ataques armados contra ellos mismos. Mediante una entrevista concedida, Álvarez trazó un paralelo explícito con fenómenos de corrupción endémica en entidades estatales, mencionando específicamente a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) o miembros del Ministerio Público que han sido descubiertos colaborando con bandas delictivas en investigaciones previas. De acuerdo con sus palabras, estos transportistas “coludidos” suministran información privilegiada sobre horarios de rutas, identidades de dueños de flotas y puntos débiles en el sistema de recojo, facilitando así las emboscadas que han cobrado vidas en semanas recientes, todo ello sin que hasta el momento se hayan revelado nombres, pruebas documentales o procesos judiciales en curso contra tales individuos.
Esta afirmación surge en medio de crecientes tensiones por el anunciado paro de transportes urbanos, la primera medida de fuerza masiva del año nuevo. Gremios representativos, incluyendo Transportes Unidos del Perú liderado por Martín Ojeda, la Confederación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú) bajo Julio Rau Rau y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano con Héctor Vargas al frente, han convocado a una paralización que podría iniciarse el 14, 15 o 16 de enero, dependiendo de coordinaciones internas para maximizar su impacto sin fragmentar el movimiento. Los motivos radican en una serie de al menos ocho atentados confirmados desde el 1 de enero, caracterizados por disparos desde motocicletas en distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Villa El Salvador y el área portuaria de Callao, dejando heridos graves y amenazas explícitas de «vacunación» semanal.
Álvarez, quien asumió el cargo en diciembre de 2025 bajo el gobierno de Dina Boluarte, admitió haber sostenido diálogos directos con Ojeda, a quien describió como figura influyente y con lazos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero lamentó la rigidez de los líderes al enfatizar que «una vez que levantan la mano con el paro, ya no la bajan, independientemente de las mesas de concertación». Esta postura contrasta con propuestas de Vargas por una «plataforma única» que integre demandas como patrullajes permanentes y subsidios para blindar vehículos, evitando así el colapso del transporte público que moviliza diariamente a más de 3 millones de personas en la metrópoli.
El telón de fondo revela un inicio de año marcado por violencia extrema: el Sistema Nacional de Información del Ministerio de Salud (Sinadef) reportó 55 homicidios dolosos en los primeros 10 días de 2026, cifra que posiciona al período como el más sangriento desde 2017 en registros comparables. Lima concentra 25 de esas muertes, con Callao y Lambayeque en segundo y tercer lugar, respectivamente; muchos crímenes vinculados a disputas por cuotas extorsivas en corredores de buses y taxis colectivos, replicando el incremento del 30% en denuncias de cobros ilícitos observado durante 2025 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Desde el gremio, Ojeda precisó que el paro no apunta a confrontar directamente al ministro del Interior, José Jerí, sino a presionar por «medidas drásticas» como estados de emergencia focalizados y escoltas armados en paraderos críticos. Se baraja extender la huelga a 48 horas continuas o convocar un plantón con cientos de unidades varadas frente a sedes legislativas, para amplificar el reclamo de familias enlutadas por recientes balaceras. Rau Rau reforzó esta posición al recordar un asesinato el pasado fin de semana en Lurigancho, que unió a 15 asociaciones en un frente común contra la inacción oficial.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Lucero Falcon