[La Municipalidad Provincial de Ilo fue multada por vender combustible sin permiso legal: tribuna fija sanción y ordena cierre definitivo. Imágenes: Gemini IA – Andina / Composición: RS]
Tal como se sabe, la actividad comercial estatal se encuentra vedada desde la privatización de los años noventa. Sin embargo, una municipalidad del sur pasó por alto la Constitución.
La Municipalidad Provincial de Ilo, en la región Moquegua, enfrenta una sanción histórica de 75,45 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/403.675,15, impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por operar ilegalmente un grifo de combustibles desde 1990.
La decisión de la Sala Especializada surgió de una investigación iniciada por un informe de Osinergmin, que detectó la comercialización de gasolina y otros hidrocarburos en Pampa Inalámbrica sin autorización constitucional. El municipio admitió que el establecimiento funcionaba bajo una norma derogada, destinando la mayoría del producto a uso interno pero vendiendo menos del 50% al público general.
La Constitución peruana prohíbe a entidades estatales como municipalidades realizar actividades empresariales sin ley expresa del Congreso que lo justifique por interés público superior. Indecopi verificó documentos como balances contables, historiales de ventas por S/ 29 millones 667.334,04 y certificados operativos, concluyendo que la comuna compitió deslealmente en el mercado sin habilitación legal.
La defensa local argumentó necesidades de abastecimiento en zona remota, precios no competitivos y un proceso en marcha para transferir el grifo a privados, solicitando prórroga para cerrar. El tribunal rechazó estos planteamientos, enfatizando que la venta a terceros configura comercio formal independientemente del volumen o destino principal.
La multa máxima por ley considera los ingresos generados durante el período evaluado, y obliga al cese inmediato de operaciones similares, con inscripción en el Registro de Infractores. Los recursos para pagar provendrán de impuestos locales, tasas, arbitrios, FONCOMUN y canon minero, impactando directamente en los presupuestos de los moqueguanos.
Ilo depende económicamente del canon minero por actividades de Southern Perú Copper, que aporta significativamente a sus finanzas junto a transferencias centrales. La prohibición de empresas estatales data de la privatización de los años 90, cuando se reformó el marco para fomentar la competencia privada en sectores como hidrocarburos.
Osinergmin supervisa el comercio de combustibles, exigiendo licencias estrictas que el grifo municipal omitió por décadas. Petroperú, como estatal, no opera grifos propios sino franquicias bajo Petrored, donde privados fijan precios y asumen riesgos operativos.
El fallo establece precedente para otras comunas con iniciativas comerciales no autorizadas, recordando límites al intervencionismo público. En Moquegua, el alcalde Gerardo Martínez enfrenta críticas por la gestión de fondos públicos en un distrito con desafíos hídricos y viales prioritarios.
Vecinos de Ilo expresaron molestia en redes por el uso de recursos colectivos en una actividad sancionada, demandando transparencia en el pago de la deuda. Indecopi notificó la resolución sin excepciones para regularizaciones futuras, priorizando el cumplimiento constitucional inmediato.
La zona sur andina registra casos aislados de comercialización informal de combustibles, pero este representa el mayor monto contra una entidad pública local. Autoridades regionales monitorean el desmantelamiento del grifo para evitar reincidencias.
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Redactado por: Lucero Falcon