[En la amazonía peruana, niñas y niños de pueblos indígenas enfrentan agresiones sexuales en sus entornos más cercanos, las autoridades y los servicios básicos no hacen nada al respecto. Imagen: Gemini IA]
Las familias deben viajar grandes distancias para presentar denuncias, mientras tanto los agresores siguen próximos y los servicios de apoyo no alcanzan las comunidades.
La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, registra más de 800 casos de abuso sexual contra niñas y niños indígenas, principalmente awajún y wampis, en un entorno de aislamiento geográfico y escasa presencia estatal. Las familias enfrentan distancias extremas para presentar denuncias, mientras los agresores, a menudo familiares o conocidos, permanecen en las comunidades sin restricciones. En centros poblados como Tutino, a hora y media de Santa María de Nieva, se evidencia la vulnerabilidad de menores de hasta tres años que sufren agresiones en sus hogares.
Las víctimas enfrentan barreras idiomáticas, ya que muchas no dominan el español, lo que complica las declaraciones y el acceso a servicios especializados. Una tía relató que su sobrina pequeña denunció abusos del padrastro, pero la madre la castigó en lugar de protegerla, silenciando el caso por dependencia económica. Este patrón se repite en comunidades remotas, donde la pobreza extrema y la falta de educación agravan la normalización de la violencia.
El Ministerio Público ha lidiado con más de 300 nuevos casos solo en 2025, pero enfrenta recortes presupuestales que paralizan las investigaciones. Fiscalías especializadas en violencia contra la mujer en Río Santiago y El Cenepa perdieron 26 trabajadores CAS, dejando sin apoyo administrativo a los despachos. Gilder Zapata, fiscal especializado, señaló que la ausencia de personal dificulta el avance de expedientes.
La única cámara Gesell de la provincia opera de forma intermitente por falta de transporte para trasladar a las víctimas desde zonas selváticas. Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, denunció que este desmantelamiento pone en riesgo un sistema de justicia implementado hace un año, con promesas incumplidas de las autoridades. Las madres reclaman la ausencia de visitas psicológicas domiciliarias para sus hijas.
La atención médica oportuna brilla por su ausencia, con diagnósticos tardíos de secuelas como VIH en niñas awajún. Entre enero y julio de 2025, el Ministerio Público atendió 258 víctimas nuevas: 96 por violación sexual, 101 por agresiones físicas, 49 por tocamientos indebidos y 12 por acoso. La mayoría son adolescentes de 12 a 17 años, aunque casos afectan a menores de diez.
La Policía y el Ministerio de la Mujer han intensificado operativos, pero la dispersión geográfica limita su efectividad. En 2025 se reportaron siete casos adicionales en comunidades nativas, con agresores docentes y administrativos aún libres en algunos escenarios previos. La Defensoría del Pueblo ha documentado vulneraciones sistemáticas a derechos indígenas, exigiendo al Estado cumplir su rol protector.
Especialistas califican estos despidos como un golpe al sistema judicial, ya que la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) queda inoperativa. Comunidades como Tutino exigen no sólo justicia, sino presencia estatal sostenida para romper el ciclo de impunidad. Las denuncias persisten, con agresores conviviendo diariamente con las familias afectadas.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por: Lucero Falcon