[Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares. Fuente: Infobae/Composición RS]
Defensa sostiene que la pena sería suspendida bajo norma aprobada en el gobierno de Dina Boluarte; familia pide prisión preventiva.
El caso por la muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano continúa generando debate jurídico y opinión pública, luego de que la defensa de Adrián Villar confirmara que el joven ha reconocido su responsabilidad en el atropello ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro.
Pese a la admisión de los hechos, el acusado podría no cumplir una condena efectiva en prisión si se aplica la normativa vigente que permite la suspensión de la pena en determinados supuestos.
Estrategia legal: aceptación de cargos y reducción de pena
En declaraciones a medios nacionales, el abogado defensor César Nakazaki señaló que su patrocinado ya no cuestiona la culpabilidad, sino que el debate judicial se centrará en la determinación de la pena.
“Va a ser una sentencia condenatoria, definitivamente. Lo que está en discusión son los términos de esa sentencia”, afirmó.
Según explicó, el delito de homicidio culposo contempla una pena que oscila entre cuatro y ocho años de prisión. A ello podría añadirse una pena adicional por fuga del lugar del accidente y omisión de socorro. Sin embargo, al existir reconocimiento de responsabilidad, podrían aplicarse reducciones procesales que disminuirían la condena final.
“El homicidio culposo va de cuatro a ocho años. Con las reducciones por aceptación de cargos, la pena debería ser suspendida”, sostuvo el letrado.
¿Por qué podría no ir a prisión?
La posibilidad de una pena suspendida se sustenta en la aplicación de la Ley 1595, decreto legislativo aprobado durante el gobierno de Dina Boluarte. Esta norma permite que imputados menores de 25 años puedan recibir penas de hasta ocho años susceptibles de suspensión, siempre que no cuenten con antecedentes penales y se cumplan determinados requisitos.
El abogado penalista Carlos Caro ya había advertido que la defensa podría acogerse a este marco legal, dado que Villar tiene 21 años y no registra antecedentes judiciales.
De acuerdo con el nuevo enfoque del Código Penal, las personas entre 21 y 25 años pueden acceder a un tratamiento diferenciado si la pena impuesta no supera los ocho años. En esos casos, el juez puede dictar una condena suspendida, lo que implica que el sentenciado no ingresa a prisión, pero queda sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, reparación civil e impedimentos específicos.
En caso de incumplimiento, la suspensión puede ser revocada y la pena hacerse efectiva.
Prisión preventiva en evaluación
Mientras se define la eventual sentencia, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima deberá resolver si dicta prisión preventiva contra el imputado. La audiencia fue programada para este 3 de marzo a las 15:00 horas.
La defensa sostiene que si la prognosis de pena apunta a una condena suspendida, no correspondería aplicar prisión preventiva. No obstante, la decisión final dependerá del magistrado, quien evaluará los riesgos procesales y la gravedad de los hechos.
“El juez no puede ir más allá de los marcos que establece la ley”, indicó Nakazaki, reconociendo al mismo tiempo la indignación social que ha generado el caso.
Familia solicita recalificación del delito
Por su parte, la familia de Lizeth Marzano ha rechazado públicamente la posibilidad de una pena suspendida. Su abogado, Julio Mendoza, informó que han solicitado la recalificación del delito a homicidio agravado, lo que elevaría el rango de la pena y podría impedir la suspensión.
La defensa de la víctima considera que las circunstancias del atropello y la posterior fuga del lugar ameritan una sanción más severa y prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
El caso ha abierto un debate sobre los alcances de la legislación penal vigente y la aplicación de beneficios procesales en delitos de tránsito con resultado de muerte. Mientras tanto, la resolución judicial marcará un precedente sobre cómo se interpretan las recientes modificaciones normativas en contextos de alta sensibilidad pública.
La decisión del juzgado será clave para determinar si Adrián Villar afrontará el proceso en libertad bajo reglas estrictas o si deberá cumplir una medida de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Fiorella Bravo