[«Ella nos abandonó»: Abogado de la Fiscalía que desalojó a su madre en Jesús María se defiende y la responsabiliza por el abandono. Foto: Composición RS/ATV]
Aunque es copropietaria del inmueble, su hijo la denunció por usurpación y logró que la justicia fallara a su favor. Él sostiene que solo tomó lo que le corresponde, alegando que su madre lo abandonó cuando era niño.
Sergio Hung Quiero, abogado de la Fiscalía de 42 años, se justifica luego de haber desalojado a su madre, Pascuala del Carmen Quiero, de su vivienda en Jesús María. Según su versión, la medida responde a años de abandono durante su infancia, cuando la señora, que actualmente tiene 81 años, decidió vivir en el extranjero con otra pareja.
Desde que se conoció que Sergio Hung Quiero procedió a desalojar a su madre, Pascuala del Carmen Quiero, de su vivienda en Jesús María, se han desatado debates intensos sobre la protección de los derechos de los adultos mayores y la transparencia en los procesos legales. Según el abogado, la medida fue la consecuencia de años de abandono y desatención, ya que durante su infancia la señora decidió vivir en el extranjero con otra pareja, dejando a él y a sus hermanos en medio de crisis familiares.
El relato que sostiene Hung Quiero detalla que, desde muy pequeño, tuvo que asumir responsabilidades familiares debido a la ausencia de una figura maternal que no cumplió con su rol. La situación se agravó al tener que cuidar de una hermana con discapacidad severa y enfrentar la enfermedad de su padre, quien sufrió múltiples complicaciones de salud. Estos antecedentes, según el acusado, marcaron de forma irreversible la dinámica familiar y justificaron sus acciones en un contexto de dolor acumulado y resentimiento. Así, el cambio de cerraduras y el desalojo de la vivienda se convirtieron, para él, en una respuesta necesaria para recuperar el control sobre la propiedad.
El incidente se materializó el 31 de octubre de 2016, cuando la familia se encontraba ausente del domicilio por motivos personales y de salud. Aprovechando esta circunstancia, la señora Pascuala habría instalado cadenas en la vivienda, lo que desencadenó la decisión de iniciar un proceso judicial. Este proceso, que se encauzó por la vía penal por delito de usurpación agravada, culminó en una sentencia que impuso a la anciana cuatro años de prisión y la obligación de pagar 4.000 soles por daño moral. Sin embargo, la defensa de la señora cuestiona la proporcionalidad de la medida, argumentando que, al ser copropietaria del inmueble y habiendo vivido allí durante 60 años, debía gozar de garantías constitucionales que protegen a los adultos mayores.
Diversos sectores de la sociedad han reaccionado con indignación, reclamando una revisión exhaustiva del proceso judicial y denunciando posibles conflictos de interés, dada la posición del acusado dentro del sistema de justicia. Activistas, familiares y expertos en derechos humanos subrayan la necesidad de fortalecer las leyes que protegen a los adultos mayores, evitando que situaciones similares se repitan. La salud de la anciana, que padece diabetes y otras complicaciones, se ha visto gravemente comprometida tras el desalojo, situación que agrava aún más el debate sobre el respeto a la dignidad humana.
Ante este panorama, se espera que las autoridades competentes analicen minuciosamente el expediente para identificar posibles irregularidades y garantizar el amparo de los derechos fundamentales. La revisión del caso podría derivar en la impugnación de la sentencia o en la apertura de una acción constitucional que permita restituir a la señora Pascuala su derecho a una vivienda digna.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Nicole Córdova