[El congresista de Perú Libre es acusado de liderar organización criminal. Fuente: Andina/Composición RS]
El requerimiento fiscal también incluye impedimento de salida por 18 meses y sanciones económicas de 2,775 millones de soles por parte de Telesup y 1,337 millones de soles por Podemos Perú.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó una denuncia formal contra el congresista José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, al considerarlo presunto cabecilla ilegal de una organización criminal.
De acuerdo por una captura ilegal de entidades clave del sistema electoral y judicial del país. El Ministerio Público solicita para el congresista una condena de 22 años y ocho meses de prisión en el marco del caso “Los Gángsters de la Política”.
La acusación fiscal no solo va para el parlamentario de Podemos Perú, sino también para 18 personas más, incluyendo a su hijo José Luna Morales, a exasesores electorales y a exconsejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura.
También, involucra a dos personas jurídicas; una de ellas trabaja en la universidad Telesup y la otra es del propio partido Podemos Perú. A todos ellos se les incrimina la comisión de delitos graves como organización criminal, cohecho activo, pasivo y específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía sostiene que una estrategia delictiva fue desarrollada en tres grandes etapas, que de acuerdo con la investigación realizada empezó en 2014. La primera, trato en la presunta injerencia en escoger el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lograda mediante beneficios económicos proporcionados por exintegrantes del CNM.
Estos pagos se realizaban en la fuente de ingresos de la universidad Telesup, fundada por el congresista José Luna Gálvez; su meta fue impedir la ratificación del entonces líder de la ONPE, Mariano Cucho y gestionar más rápido la designación de Adolfo Castillo, que fue pieza clave para los intereses de la red.
La segunda etapa, de acuerdo con la imputación, corresponde al copamiento institucional de la ONPE. Con Adolfo Castillo al poder, la organización presuntamente colocó a funcionarios afines en cargos importantes, muchos de ellos extrabajadores o personas relacionadas a Telesup; su objetivo era asegurar el control interno y ejecución de sus planes.
En la tercera etapa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, bajo ese método, habría facilitado la inscripción abrupta del partido Podemos por el Progreso del Perú a través de procedimientos irregulares y aprobación acelerada de firmas, transgrediendo principios de transparencia y legalidad.
Esto habría permitido el ingreso del partido liderado por el parlamentario Luna Gálvez al mundo político en 2018. Junto a estas penas privativas de libertad, la Fiscalía planteó sentencias de hasta 16 años y cuatro meses para José Luna Morales y para el exasesor electoral José Cavassa.
De igual forma, los 26 años para los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila y Sergio Noguera. El requisito fiscal también contiene multas que van entre 200 y 850 días de multa para los investigados y cuantiosas sanciones económicas para las entidades implicadas, como 500 UIT, que serían como 2,775 millones de soles para la universidad privada Telesup, y 250 UIT, que serían como 1,3337,500 millones de soles para el partido político mencionado.
También, se ha pedido el impedimiento de la salida del país por 18 meses por 10 de los acusados. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca evidenciar el uso sistemático de redes de poder privado para arrestar a los organismos estatales que manipulan el proceso electoral.
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Redactado por Lucia Soria