La decisión pendiente sobre Yavarí Mirim reabre el debate sobre la deuda histórica del Estado con los pueblos en aislamiento y la protección real de la Amazonía. [Foto: Composición. RS]
Después de más dos décadas de espera, Perú se encuentra en una encrucijada histórica: el Estado evalúa hoy la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, una zona de protección urgente para cinco pueblos indígenas en aislamiento –Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina)– ubicada en Loreto, en la frontera con Brasil. La Comisión Multisectorial PIACI, integrada por diversos ministerios y organizaciones, se reúne para votar la categorización del territorio, un paso necesario antes de que el Ministerio de Cultura expida el decreto supremo formalizando la reserva.
La creación de esta reserva fue solicitada por ORPIO y AIDESEP en 2003, pero el proceso ha sido sistemáticamente postergado, incumpliendo los plazos establecidos por la Ley PIACI (Ley N.º 28736, promulgada en 2006), que impone al Estado la obligación de proteger a estos pueblos. En 2016, un mandato judicial ordenó acelerar la creación de esta y otras reservas en situación similar, pero sin resultados concretos hasta ahora.
Un Estudio Adicional de Categorización (EAC), entregado en 2024, aporta más de 113 evidencias antropológicas –como malocas, cerámicas, chacras, utensilios, fogatas, arcos y flechas– que confirman la presencia de los pueblos en aislamiento en al menos 25 asentamientos, con una población estimada en unas 460 personas que dependen del bosque para subsistir. El área propuesta para la reserva abarca 1 177 549 hectáreas, una extensión equivalente al tamaño de países pequeños, y permitiría garantizar la integridad de su territorio tradicional.
Los defensores indígenas alertan que esas comunidades enfrentan una serie de amenazas externas –como tala ilegal, minería, narcotráfico y nuevas vías forestales— que aumentan el riesgo de enfermedades y violencia. Mientras tanto, sectores económicos y políticos en Loreto han presionado contra el avance de la reserva, argumentando que obstaculiza el desarrollo regional, y han promovido reformas a la Ley PIACI que podrían debilitar su protección legal.
Organizaciones como ORPIO, AIDESEP y medios como el Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que ya no hay justificación para más demoras. Pablo Chota, dirigente de ORPIO, ha dicho que “la información técnica y legal está completa, las evidencias son contundentes y la obligación del Estado es clara: proteger la vida de los PIACI de Yavarí Mirim”. Además, el cumplimiento de compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan la exigencia legal y moral.
La formalización de la reserva permitiría también el establecimiento de comités de gestión integrando a comunidades vecinas, con lo cual se mejorarían labores de vigilancia territorial, se facilitaría el acceso a servicios básicos como salud, educación y agua.
El caso de Yavarí Mirim es solo una de varias reservas para pueblos en aislamiento aún pendientes en la Amazonía peruana, como Napo-Tigre o Sierra del Divisor Occidental –esta última ya creada en 2024 tras largos procesos similares–. La demora en estos procesos refleja una falla institucional persistente, agravada por la falta de consideración sobre a las comunidades andinas e indígenas. Países vecinos como Brasil han avanzado en medidas similares de protección, lo que pone en relieve el rezago de Perú en esta materia.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por María Gracia Mircin