La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda inhabilitar por diez años a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, para ejercer cargos públicos, debido a su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 encabezado por Pedro Castillo. La decisión, respaldada por 17 votos a favor y 4 en contra, deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso en los próximos días.
La acusación constitucional fue presentada por Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y se basa en la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú, que establecen los deberes de defensa del orden democrático y respeto a la autoridad legítima. La propuesta fue impulsada inicialmente por la congresista Patricia Chirinos, quien argumentó que Chávez participó activamente en diversas acciones vinculadas al intento de golpe, tanto en la etapa preparatoria como durante y después de los hechos.
Según la investigación, Chávez habría asistido a reuniones previas con el círculo más cercano a Pedro Castillo y tenido participación en decisiones clave como la intención de disolver el Congreso y suspender garantías constitucionales. Tras el fracaso del golpe, también habría intervenido en intentos de reorganizar el Ejecutivo. Para la Subcomisión, estas conductas constituyen infracciones graves al orden constitucional y justifican la máxima sanción política prevista en el artículo 100 de la Constitución.
Durante la sesión, Chávez no estuvo presente y fue representado por su abogado, Raúl Noblecilla. Él alegó que no existen pruebas sólidas que demuestran una participación directa de su defendida en la planificación del golpe. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente decidió avanzar con la acusación. Los congresistas Lady Camones y Jorge Montoya serán los encargados de sustentar la recomendación ante el Pleno del Congreso.
Si la inhabilitación es ratificada, Chávez quedará impedida de ocupar cualquier cargo público hasta 2035, lo que también la excluye de participar en procesos electorales futuros. La decisión se comunicará inmediatamente al Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones pertinentes.
Paralelamente, la situación legal de Chávez se complica por un proceso penal abierto en su contra por el presunto delito de rebelión relacionado con los mismos hechos. La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión y ha impuesto medidas restrictivas, como la orden de impedimento de salida del país por diez meses y comparecencia restringida. Este proceso judicial busca determinar su responsabilidad penal en la intentona golpista.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Bethzabel Chavez