La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, sufrió una nueva derrota judicial tras la decisión de la Corte Suprema que rechazó el recurso de casación presentado por la comuna. Con esta resolución, se confirma de manera definitiva la obligación de la MML de reponer en sus puestos a 37 trabajadores despedidos fraudulentamente en 2023, quienes habían protestado contra la gestión edil.
Los trabajadores afectados pertenecen al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Sitomun) y fueron despedidos durante el primer año de gobierno de López Aliaga. El conflicto se originó cuando, en medio de protestas pacíficas, los obreros usaron pancartas y arengas en las que se referían al alcalde con el apodo “Porky”, un sobrenombre de uso público. La MML justificó los despidos alegando “grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra”. Sin embargo, en marzo de 2024, el Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente determinó que la falta no se configuró y que el despido fue injustificado y malicioso, ordenando su inmediata reposición.
En julio de 2024, la Segunda Sala Laboral Permanente ratificó este fallo, señalando que la comuna actuó con “ánimo malicioso” y que las razones para los despidos fueron “fútiles”, ya que se trató de una manifestación pacífica. Ante este doble revés judicial, la MML presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.
No obstante, la Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema declaró improcedente la casación, al no cumplir con los requisitos legales. La ley laboral peruana establece que no procede un recurso de casación cuando ambas instancias previas han fallado en el mismo sentido, lo que se conoce como el principio de “doble conforme”. Este principio impide que la Corte Suprema reabra casos que ya han sido resueltos de forma coincidente por las dos instancias anteriores.
Además, aunque la norma permite admitir una casación incluso en casos de doble conforme si se busca uniformizar jurisprudencia, la MML no planteó argumentos jurídicos válidos para ello. Según la resolución, la Municipalidad no identificó la jurisprudencia que supuestamente se habría contradicho ni precisó los expedientes correspondientes, por lo que el recurso carecía de sustento casacional.
Con esta decisión, el proceso queda cerrado y la MML debe reponer a los 37 trabajadores despedidos fraudulentamente (una trabajadora falleció antes de ser reincorporada). Sin embargo, la comuna se encuentra en una situación de desacato judicial, ya que desde 2024 pesa sobre ella una medida cautelar de reposición que no ha sido cumplida.
Debido a este incumplimiento reiterado, el Poder Judicial ha impuesto multas sucesivas a la Municipalidad y ha presentado denuncias penales contra los funcionarios involucrados por desobediencia a la autoridad judicial.
En síntesis, este caso refleja un conflicto prolongado entre la administración de Rafael López Aliaga y trabajadores municipales, donde las instancias judiciales han coincidido en que hubo un despido fraudulento y violación de derechos laborales fundamentales. La resolución de la Corte Suprema cierra la vía legal para la MML y obliga a cumplir con la reposición inmediata de los obreros despedidos, marcando un precedente importante en materia de libertad sindical y protesta laboral en el país.
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Redactado por Bethzabel Chavez