[Propuesta de toque de queda en Lima y Callao genera polémica y rechazo empresarial y división de alcaldes. Imagen: Andina]
El gobierno interino de José Jerí considera modificar el estado de emergencia en Lima y Callao y no excluye limitar la circulación nocturna por el aumento de delitos.
La propuesta de imponer un toque de queda en Lima Metropolitana y Callao ha abierto un intenso debate entre autoridades locales, gremios comerciales y el poder central, a raíz del reciente aumento de la criminalidad en ambas jurisdicciones.
El Ejecutivo interino, encabezado por José Jerí, está evaluando la posibilidad de restringir la movilidad nocturna como parte del régimen de estado de emergencia declarado el pasado 22 de octubre. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que la medida del toque de queda se encuentra “en evaluación dentro del Consejo de Ministros”.
La reacción de los burgomaestres ha sido desigual. Por un lado, Jesús Gálvez, alcalde del distrito de Jesús María, respaldó explícitamente la medida, argumentando que “sigue habiendo muertos, robos, extorsión y sicariato” y que todos deben asumir un sacrificio para detener la violencia. En cambio, la posición de Néstor de la Rosa, alcalde del barrio del Rímac, fue contraria: él propone fortalecer la vigilancia con cámaras y módulos de seguridad antes que aplicar una inmovilización general. De igual forma, el burgomaestre de San Luis, Ricardo Pérez, manifestó su apoyo al estado de emergencia pero se pronunció en contra del toque de queda, ya que dijo: “los delitos ocurren en cualquier horario” y la restricción afectaría la economía local. El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, también advirtió que imponerse en toda Lima sería un error: “en todo Lima de ninguna manera”, afirmó.
Gremios del sector noche, bares, restaurantes y pequeños comercios expresaron su rechazo al posible toque de queda. Señalan que muchos negocios operan en horarios nocturnos y que una restricción podría causar “la quiebra de numerosos emprendimientos que hacen malabares para subsistir”. Un tema central para estos negocios es la capacidad de pagar “cupos” a mafias y la tensión constante por la extorsión; para ellos, una restricción adicional representa una carga insostenible.
El proyecto genera inquietudes en el ámbito legal y operativo. Para un toque de queda generalizado se requiere una base constitucional sólida, explicó el legislador Alfredo Azurín, quien enfatizó que la restricción total de la libertad de tránsito es una medida extrema. Además, analistas advierten que la experiencia pasada por otras situaciones sugiere que el simple confinamiento nocturno no es garantía de disminución del crimen: las redes delictivas se adaptan.
El estado de emergencia vigente incorpora la suspensión de derechos constitucionales relativos a la libertad de movimiento, reunión, domicilio y tránsito. Actualmente, el gobierno evalúa la implementación del toque de queda o de mecanismos más focalizados, como restricciones nocturnas en distritos específicos cuya criminalidad se ha disparado. Los detractores plantean que la estrategia debe centrarse en reforzar la presencia policial, inteligencia criminal, coordinación interinstitucional y no en medidas de movilidad que afectan a todos por igual.
La tensión entre la urgente necesidad de frenar la ola delictiva en Lima y Callao y el riesgo de afectar la economía y libertades ciudadanas marca la discusión sobre el toque de queda. El desafío del Gobierno radica en formular una medida eficaz, proporcionada y sostenible, que cuente con respaldo local y sectorial para no generar más daño del que pretende evitar. La decisión final, anunciada próximamente, será crucial para definir el rumbo de la seguridad ciudadana en la capital.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Lucero Falcon