[El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció que el gobierno descarta cualquier acto de irrupción en la embajada de México para el arresto de Betssy Chávez. Imagen: ANDINA / Composición: RS]
El ministro Hugo de Zela dijo que no ha retomado contacto con la administración de Claudia Sheinbaum tras la ruptura diplomática y que en diciembre presentará su propuesta en Washington.
El Gobierno de Perú ha reafirmado su postura de respeto inquebrantable a las normas diplomáticas internacionales, descartando enfáticamente cualquier posibilidad de ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez. Actualmente, Chávez se encuentra aislada en dicha sede diplomática, esta situación ha generado una profunda crisis bilateral y motivó al Ejecutivo peruano a romper relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano.
El canciller Hugo De Zela, en declaraciones oficiales, fue tajante al asegurar que la interrupción del recinto consular mexicano, al estilo del operativo ejecutado por Ecuador en su embajada en Quito para arrestar a Jorge Glas, está “fuera de toda consideración”. De Zela enfatizó que Perú es un país que se adhiere al derecho internacional y a los convenios de asilo, lo que impide cualquier acción unilateral y forzosa que vulnere la inviolabilidad de una misión diplomática extranjera, un principio fundamental de la Convención de Viena.
La decisión de otorgar asilo a Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo, fue calificada por el Gobierno peruano como un «acto inamistoso» e injerencista. Este hecho, sumado a lo que Perú considera una reiterada intervención de altos funcionarios mexicanos en asuntos internos peruanos, precipitó la ruptura de los vínculos diplomáticos.
A pesar de la escalada en las tensiones, el canciller aclaró que la ruptura de relaciones diplomáticas con México no implica la suspensión total de los lazos consulares. La protección de los ciudadanos peruanos que residen en México y de los mexicanos en Perú continuará garantizada a través de las respectivas oficinas consulares, las cuales mantendrán sus funciones operativas sin interrupción.
Simultáneamente a esta aclaración sobre el proceder dentro del territorio nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ha diseñado una estrategia de largo alcance que será presentada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta iniciativa busca abordar lo que el Gobierno peruano percibe como un uso indebido y una desnaturalización de la figura del asilo diplomático, particularmente en el contexto de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como la Convención de Caracas.
La estrategia peruana ante la OEA se centrará en la necesidad de revisar y actualizar el marco legal internacional que regula el asilo. Según la Cancillería, la norma de 1954 ha sido utilizada en los últimos años para calificar delitos comunes como casos de persecución política, un mecanismo que, a juicio de Lima, desvirtúa su propósito original. El objetivo no es eliminar la figura del asilo, sino reinterpretar o modificar los principios de la Convención de Caracas para evitar que criminales o individuos procesados por delitos graves encuentren refugio en sedes diplomáticas, evadiendo la acción de la justicia local. La posición del Ejecutivo peruano es que el asilo debe ser un mecanismo de protección para perseguidos políticos genuinos y no un salvoconducto para personas acusadas de delitos comunes, un argumento que buscará sustentar con documentación y análisis de casos recientes en la región.
El gobierno de José Jerí ya había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas y había notificado a la encargada de la Embajada de México en Lima para que abandonara el país, un paso que materializa el enfriamiento de la relación bilateral. La exfuncionaria Chávez fue liberada en septiembre bajo ciertas condiciones, pero luego buscó refugio en la embajada mexicana, argumentando ser una perseguida política.
Este movimiento, y la respuesta afirmativa de México, consolidaron la postura de Perú de elevar el debate a foros multilaterales. La controversia internacional generada por el caso Chávez, y el precedente sentado por el caso Glas en Ecuador, han llevado a Perú a impulsar una discusión profunda en la OEA sobre la necesidad de armonizar la práctica del asilo diplomático con la lucha contra la impunidad y el debido proceso legal en los países de la región.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por: Lucero Falcon