[Perú fortalece sus fronteras frente a la crisis venezolana. Imagen: Gemini IA]
El ministro Ernesto Álvarez indicó que, en caso de un conflicto armado o guerra civil, sería necesario intensificar la seguridad en las fronteras y “dejar de cubrir necesidades de la población”.
El gobierno peruano ha incrementado la vigilancia en sus fronteras ante el riesgo de escalada en Venezuela, desplegando mayor número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda, informó que estas acciones preventivas responden a una posible confrontación bélica o guerra civil en el país vecino. Álvarez precisó que el nivel de refuerzo dependerá de la gravedad de los eventos regionales, priorizando la defensa nacional sobre otras demandas presupuestarias.
En su mensaje, el premier declaró explícitamente: «Si hay una confrontación bélica, incluso a nivel de una posible guerra civil en Venezuela, nuestras fronteras van a tener que ser resguardadas con un mayor número de efectivos». Esta postura se activa en un contexto de tensiones regionales previas, como los bloqueos migratorios registrados en diciembre de 2025 en la frontera con Chile, donde Perú decretó estado de emergencia en Tacna y movilizó tropas para restablecer el orden. Tales episodios involucraron a migrantes venezolanos varados, lo que generó roces diplomáticos y aceleró patrullajes conjuntos entre Perú y Chile.
Respecto a la migración venezolana, el gobierno peruano mantiene una política restrictiva hacia individuos asociados a los gobiernos de Hugo Chávez o Nicolás Maduro, negando su ingreso bajo cualquier circunstancia. Álvarez Miranda diferenció este enfoque al expresar disposición para apoyar el retorno voluntario de venezolanos comunes, con el fin de que contribuyan a la reconstrucción de su país tras una eventual estabilización. Esta medida busca mitigar los flujos irregulares mientras ofrece ayuda humanitaria selectiva, alineada con controles fronterizos más estrictos.
En paralelo, el Ejecutivo ultima detalles del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana impulsado por el presidente José Jerí, incorporando indicadores cuantificables y cronogramas anuales para evaluar avances concretos. El premier insistió en refinar el documento para adaptarlo a limitaciones presupuestarias, asegurando continuidad más allá del periodo actual. Sobre el estado de emergencia vigente en Lima y Callao, Álvarez anticipó resultados tangibles entre mayo y junio de 2026, aunque reconoció que erradicar la delincuencia enraizada demandará operaciones de inteligencia prolongadas.
Jerí sostuvo recientemente encuentros en Palacio de Gobierno con especialistas del FBI y la DEA para intercambiar tácticas contra el crimen organizado, enfocándose en redes con arraigo social profundo. Álvarez destacó la necesidad de acciones quirúrgicas que desmantelen estructuras criminales consolidadas mediante labores policiales y militares coordinadas. En el sistema penitenciario, se prepara la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) vía decretos legislativos, manteniendo plantillas laborales pero estableciendo una cadena de mando más rígida.
El titular de la PCM reveló casos de corrupción interna que permitieron traslados indebidos de presos de alta peligrosidad a Yanamayo, con el propósito de transformar Lurigancho en un centro para reclusos primarios o de menor riesgo. Propuso redistribuir a estos internos hacia penales de máxima seguridad equipados con vigilancia intensiva para bloquear cualquier comando delictivo desde las celdas. Estas reformas penitenciarias complementan el esquema de seguridad fronteriza, integrando respuestas a amenazas externas e internas.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Lucero Falcon Delgado