[Los docentes consideran que el uso de su tiempo para la preparación de sus clases debe ser remunerado con un bono mensual. Imagen: Andina / Composición: RS]
El congresista Segundo Montalvo se reunió con representantes del magisterio que promueven la priorización en el Pleno del dictamen objetado por la expresidenta Dina Boluarte.
El Congreso de la República de Perú insiste en la aprobación de una norma que establece el pago de una bonificación equivalente al 30% de la remuneración total mensual de los docentes del sector público por las horas dedicadas a la preparación de clases y evaluaciones. Esta iniciativa modifica la Ley 31495, aprobada previamente en primera votación por el Pleno congresal, y busca resolver un reclamo sostenido del magisterio que data de años atrás, cuando fallos del Tribunal Constitucional reconocieron estas horas extras como no remuneradas pese a su obligatoriedad laboral.
La Comisión de Educación, ahora presidida por el legislador Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, ha emitido un dictamen para insistir en la autógrafa observada por el Ejecutivo, obligando al Ministerio de Educación (Minedu), gobiernos regionales, direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local (UGEL) a emitir resoluciones administrativas de pago de oficio, incluso para reclamos judiciales en trámite, sin exigir sentencias consentidas del Poder Judicial.
El proyecto surgió en mayo de 2024, bajo la gestión de José María Balcázar como presidente de la Comisión de Educación, quien argumentó que la norma no crea un nuevo derecho, sino que resuelve incumplimientos generalizados en varias regiones del país. En ese entonces, el Pleno le dio luz verde en primera votación, extendiendo el beneficio a docentes activos, cesantes y contratados, con una bonificación adicional del 5% por el desempeño de cargos directivos y la elaboración de documentos de gestión escolar.
La medida responde a la realidad de miles de profesores que dedican tiempo fuera del horario lectivo a planificar sesiones pedagógicas, corregir pruebas y elaborar informes, actividades respaldadas por jurisprudencia constitucional pero ignoradas en muchos casos por las autoridades educativas. En regiones como algunas del sur andino, este pago ya opera mediante resoluciones administrativas simples, mientras que en otras persiste la exigencia de procesos judiciales largos y costosos, lo que genera una sobrecarga innecesaria al Poder Judicial y demoras para los beneficiarios.
La expresidenta Dina Boluarte observó la autógrafa en 2024, invocando el principio de irretroactividad de la norma y estimando un impacto fiscal de S/ 40.560 millones, cifra equivalente al 4% del PBI de ese año si se incluyen intereses acumulados por años de mora. El dictamen congresal rebate esta proyección como errónea e inflada, aclarando que la bonificación no genera gasto nuevo, sino que resarce daños ya causados a los docentes afectados, con pagos limitados a las asignaciones presupuestales anuales disponibles. Además, propone sanciones civiles, administrativas y penales para funcionarios que incumplan, fortaleciendo el mecanismo de ejecución. Este avance ocurre en medio de una crisis política aguda, marcada por mociones de vacancia contra el premier José Jerí, líder de la Comisión de Fiscalización, y tensiones entre poderes del Estado que no han detenido la mesa de trabajo en la Comisión de Educación.
El reclamo docente se enmarca en un contexto más amplio de mejoras salariales para el sector educativo público, donde previamente se aprobaron bonos por escolaridad y aumentos para auxiliares que no bajen del 85% del sueldo docente. La norma actualizada elimina barreras burocráticas, alineándose con prácticas en gobiernos locales cumplidores y priorizando la eficiencia administrativa para beneficiar a un magisterio clave en la educación básica peruana. La discusión en el Pleno se prevé en las próximas sesiones, con el dictamen listo para segunda votación y eventual promulgación si supera las observaciones ejecutivas.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por: Lucero Falcon Delgado