[La Ley del Servicio Civil se encuentra vigente desde el año 2013 en Perú. Imagen: ANDINA / Composición: RS]
El congresista Américo Gonza Castillo, de Perú Libre, impulsa un proyecto de ley para eliminar el Servicio Civil, sistema que habilita contrataciones temporales y de alta rotación en el sector público.
Se ha impulsado un proyecto de ley para la derogación completa de la Ley N° 30057 del Servicio Civil y sus normas relacionadas. Este proyecto de ley lo lleva a cabo el congresista Américo Gonza Castillo, del partido Perú Libre. Esta iniciativa pretende reintegrar a los trabajadores públicos al esquema tradicional de la carrera administrativa, cuestionando el modelo actual por fomentar inestabilidad y contratos transitorios en entidades estatales.
El congresista argumenta que la ley, implementada desde 2013, no ha optimizado la gestión pública ni estabilizado el empleo estatal. En su lugar, provocó despidos generalizados, precarización de condiciones laborales y tensiones sociales, al imponer filtros de idoneidad que marginan a funcionarios experimentados de puestos de liderazgo.
Estos mecanismos exigen evaluaciones estrictas que priorizan competencias externas sobre trayectoria interna, generando rotación constante en ministerios y gobiernos regionales. Gonza destaca que tal enfoque desmotiva al personal y eleva costos administrativos por capacitaciones repetidas.
El texto legislativo propone la abolición total del régimen y sus reglamentos, con reincorporación inmediata de afectados al sistema laboral predominante en cada institución. Se preservarían los derechos adquiridos, desvinculando procesos de recursos humanos de la supervisión obligatoria por parte de Servir.
Esto restauraría la autonomía de entidades públicas para manejar contrataciones, ascensos y sanciones sin intervención centralizada. La norma transitoria garantizaría continuidad salarial y beneficios hasta la adaptación plena al régimen clásico.
Iniciativas similares circularon en el Congreso durante 2024. La Comisión de Trabajo aprobó dictámenes de los proyectos 7107, 7156 y 7267, impulsados por legisladores como Carlos Alva Rojas, Isabel Cortez e Isabel Cerrón, todos orientados a suprimir la ley y desmantelar la Autoridad Nacional del Servicio Civil para recuperar mecanismos meritocráticos clásicos.
Estos esfuerzos previos generaron audiencias públicas donde sindicatos estatales respaldaron los cambios, aunque enfrentaron resistencia oficial. El debate resaltó tensiones entre modernización administrativa y protección de plazas indefinidas.
Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil en Perú, encargada de la gestión estratégica de los recursos humanos en el sector público, respondió con advertencias sobre posibles retrocesos institucionales y erosión de criterios objetivos en contrataciones. Analistas como Jorge Toyama han debatido la conveniencia de eliminar un sistema que ya equilibra meritocracia con garantías laborales consolidadas. Toyama argumenta que derogar la ley podría revertir avances en transparencia, como concursos públicos CAS y evaluaciones anuales, exponiendo al Estado a un nepotismo recurrente.
La propuesta habilita el ingreso directo a la carrera administrativa para empleados públicos, sin las barreras actuales de evaluación por Servir. Se critica que las oficinas de personal prioricen directrices de esta entidad sobre necesidades internas, limitando estabilidad, ascensos y negociación sindical.
Se suprimiría la verificación de idoneidad para cargos directivos, priorizando experiencia acumulada en el sector público. Gonza compartió en redes sociales un mensaje contundente: “Eliminación de Servir ya”, denunciando la afectación a derechos sociolaborales básicos.
El proyecto avanza en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. De prosperar, podría derivar en una mesa tripartita con participación del Poder Ejecutivo, Legislativo y representantes gremiales para explorar modificaciones focalizadas.
La disolución de Servir implicaría la transición temporal de procedimientos disciplinarios y sancionadores, regulados previamente por el Decreto Legislativo 1023 que la creó. Esto afectaría plazos para apelaciones y registros de calificaciones.
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Redactado por: Lucero Falcon