[Ocho de cada diez asegurados no desean atenderse en EsSalud por el colapso del sistema. Imágenes: Andina – EsSalud. Composición: RS]
La normativa vigente ya habilita el cambio de EsSalud a EPS. No obstante, una iniciativa del Congreso indica que este proceso no resulta igual de simple para todos los trabajadores.
El Congreso de la República impulsa un proyecto de ley para simplificar el traspaso de afiliados desde el Seguro Social de Salud (EsSalud) hacia las Entidades Prestadora de Salud (EPS), extendiendo esta opción a servidores públicos mediante el aporte directo del trabajador. La iniciativa modifica la Ley N° 26790, que regula el Seguro Complementario de Salud, con el fin de eliminar barreras burocráticas que actualmente complican el cambio voluntario. Los proponentes argumentan que esta flexibilidad fortalecería la competencia en el sector salud, permitiendo a los usuarios optar por redes privadas sin perder derechos esenciales.
En el sistema vigente, los trabajadores dependientes del sector privado pueden afiliarse a una EPS, redistribuyendo el aporte patronal del 9% de la remuneración: 2,25% va a la EPS y 6,75% permanece en EsSalud para coberturas complejas y subsidios. Sin embargo, el procedimiento exige trámites extensos, como solicitudes ante el empleador y plazos rígidos de afiliación mínima antes de cambiar de EPS, lo que desalienta la transición. La propuesta introduce un mecanismo exprés para que cualquier afiliado a EsSalud, incluido personal público, financie su EPS con aportes personales equivalentes al 2,25%, manteniendo la cuota residual en el seguro social.
Para servidores estatales, el cambio representaría un avance significativo, ya que hoy su acceso a EPS queda restringido por normativas laborales específicas que priorizan el régimen público. El proyecto equipara sus derechos a los del sector privado, exigiendo sólo una declaración jurada de voluntad y verificación biométrica en plataformas digitales del Ministerio de Salud o Susalud. Esto beneficiaría a miles de funcionarios en entidades como gobiernos regionales y municipios, donde las listas de espera en hospitales públicos superan los meses.
Las EPS, supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud, ofrecen atención en clínicas privadas con servicios adicionales como ambulancias y consultas domiciliarias, aunque centrados en atenciones de capa simple. La afiliación cubre al trabajador, cónyuge, conviviente e hijos menores o incapacitados, sin duplicidad de seguros. Críticos del sistema actual señalan que la fragmentación genera ineficiencias, con EsSalud enfocada en infraestructura estatal y las EPS en redes conveniadas.
El trámite propuesto reduciría pasos a una solicitud única en línea, con respuesta en 48 horas y portabilidad inmediata de historial clínico digital. No altera obligaciones patronales ni presupuestos públicos, financiándose con aportes individuales. La norma mantendría sanciones por incumplimientos en pagos, asegurando sostenibilidad. Esta reforma se alinea con debates previos sobre universalidad en salud, impulsados desde 2013 para integrar regímenes fragmentados.
La iniciativa ha ganado respaldo en comisiones congresales, con énfasis en mejorar acceso oportuno ante saturación hospitalaria. Representantes de EPS celebran la ampliación, mientras gremios de EsSalud advierten riesgos de desfinanciamiento si aumenta la migración. El debate legislativo prioriza datos de afiliados: más de 9 millones en EsSalud versus 1,5 millones en EPS.
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Redactado por: Lucero Falcon