[La ola de criminalidad en Perú pone en alerta los próximos comicios generales. Imagen: BBC – Gemini IA / Composición: RS]
El presidente de la Sala Penal Transitoria advierte que el auge del crimen organizado afecta las elecciones y plantea nuevas medidas legales para defender la democracia.
Las elecciones generales de Perú en 2026 enfrentan una seria amenaza por la influencia de la criminalidad organizada, según alertas emitidas por autoridades y expertos en seguridad. La preocupación surge a raíz de declaraciones del presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga, y el exministro del Interior Ricardo Valdés, quienes advierten que grupos criminales buscan influir en los comicios con el objetivo de captar espacios políticos para sus actividades ilícitas.
El Observatorio del Crimen y la Violencia ha reportado que el 78% de los peruanos considera probable que economías ilegales, como narcotráfico, extorsión, minería ilegal y trata de personas, incidan directamenre en los resultados electorales. Este escenario ha generado alarma, ya que estas redes no solo pretenden incidir en la elección presidencial, sino también en la de parlamentarios, con el uso tanto de métodos legales como violentos para captar candidatos con posibilidades de ganar.
Entre enero y agosto de 2025, las denuncias por extorsión aumentaron en 29% respecto al mismo periodo de 2024, llegando a un promedio de más de 75 denuncias diarias, un delito que además exhibe una baja tasa de detención de responsables. Este indicio refleja la complejidad que enfrentan las autoridades para frenar la expansión de estas economías criminales que, además de impactar socialmente, poseen un considerado poder económico que les permite infiltrarse en espacios políticos.
Ricardo Valdés afirma que estas organizaciones manejan listas de candidatos potenciales, a quienes intentan presionar para obtener su apoyo, primero por medios persuasivos y, de ser necesario, con métodos coercitivos, lo que representa un riesgo latente de violencia política durante el proceso electoral. Asimismo, el informe del Observatorio apunta que casi siete de cada diez víctimas de homicidio corresponden a menores de 40 años vinculados a sectores vulnerables como transportistas, obreros y pequeños comerciantes, expuestos frecuentemente a extorsiones violentas.
La percepción de inseguridad es elevada: sólo un 11% de la población tiene confianza en que la próxima administración podrá mejorar la seguridad ciudadana, mientras que un 46% espera un deterioro en esta área. En Lima, esta percepción de influencia de las economías ilegales es incluso más pronunciada que en otras regiones, con un 84% de la población mostrando preocupación.
Además, la existencia de 39 agrupaciones políticas legales en el país, con más de 10,000 candidaturas, aumenta la preocupación por el posible infiltrado de intereses criminales en política, sobre todo dado que muchas candidaturas provienen de regiones donde las economías ilegales tienen fuerte presencia. Esta situación incrementa la percepción de que el crimen organizado buscará impulsar a sus propios postulantes para mantener o ampliar su poder en el Congreso.
La combinación de inseguridad y crimen organizado pone en la mesa la urgencia de fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado, la fiscalización de los aportes a las campañas electorales y el seguimiento exhaustivo a las redes de financiamiento ilícito. Sin medidas contundentes, la desconfianza ciudadana podría traducirse en una crisis de legitimidad del proceso electoral y en un aumento en el riesgo de violencia política.
A su vez, la infiltración de dinero ilícito en las campañas no solo pone en riesgo la transparencia electoral, sino que también puede afectar la integridad del sistema democrático, alterando la competencia política en favor de grupos con intereses mafiosos. La vigilancia en el financiamiento electoral es clave para impedir que recursos provenientes de actividades ilícitas condicionen la elección de autoridades.
En este contexto, la ciudadanía enfrenta un doble desafío entre informarse adecuadamente para emitir un voto consciente y elegir autoridades comprometidas con combatir la criminalidad organizada y mejorar la seguridad ciudadana. La percepción generalizada de temor y desconfianza debe ser tomada en cuenta para fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos electorales, evitando que las economías criminales impongan su poder económico y violento en la política nacional.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por: Lucero Falcon