El exmandatario cumple 20 años preso en Barbadillo tras ser condenado por delitos comprobados de corrupción y lavado de activos.
[Hoy se dicta sentencia por el caso Ecoteva, la segunda condena para Alejandro Toledo. Su esposa y su suegra también están involucradas en los delitos cometidos por el exmandatario. Foto: Andina / Composición: RS]
El expresidente Alejandro Toledo enfrenta un momento crucial en el ámbito judicial con la lectura de su segunda sentencia condenatoria relacionada con el caso Ecoteva, un proceso que se suma a la condena que ya cumple por el caso Odebrecht. Tras más de una década desde que se reveló que Toledo y su esposa, Eliane Karp, adquirieron una lujosa propiedad en Las Casuarinas con fondos que habrían sido canalizados ilícitamente a través de la empresa offshore Ecoteva Consulting, la justicia peruana se prepara para dictar una pena adicional. La Fiscalía ha solicitado imponerle 16 años y ocho meses de prisión por el delito de lavado de activos, una acusación que también alcanza a Karp y otros involucrados en la trama de corrupción.
Actualmente, Toledo cumple en el penal de Barbadillo una condena de 20 años y seis meses por delitos de colusión y lavado de activos vinculados a sobornos de la constructora Odebrecht para la carretera Interoceánica Sur. Aunque las dos sentencias serán ejecutadas de forma simultánea, no serán acumulativas, y Toledo solicita cumplirlas bajo arresto domiciliario debido a su situación de salud, petición que ha sido rechazada hasta el momento por los tribunales.
El caso Ecoteva se originó a partir de una denuncia inmobiliaria por el impago de una comisión, que despertó la investigación y reveló un entramado financiero con transferencias millonarias desde cuentas en Costa Rica, gestionadas por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, y el exasesor de seguridad Avraham Dan On. Los fondos involucrados, que superan los 27 millones de dólares, han sido vinculados a sobornos de las empresas Odebrecht y Camargo Correa a cambio de contratos públicos.
En primera instancia, Toledo justificó el origen de esos fondos como compensaciones a su suegra por hechos del Holocausto, luego cambió su explicación a la existencia de un préstamo bancario, y finalmente lo atribuyó a una inversión de Josef Maiman, un amigo cercano que en 2019 se acogió a la colaboración eficaz, confesando haber recibido y transferido dinero ilícito desde bancos de Suiza y Panamá hacia las cuenta de Ecoteva. Esa declaración complicó aún más la situación judicial del exmandatario.
La fiscal superior, Liliana Briceño Aguayo, responsable de sustentar la acusación fiscal, explicó durante la audiencia que se ha logrado acreditar el incremento patrimonial injustificado de Toledo y la trazabilidad de fondos ilícitos canalizados a través de empresas offshore como Ecoteva Consulting Group S.A. y Ecostate Consulting S.A., que presuntamente sirvieron para adquirir propiedades de lujo en Lima y otros pagos de hipotecas relacionadas con familiares del expresidente. Entre estos bienes figuran una casa en Las Casuarinas, una oficina con estacionamientos en la Torre Omega en Surco y una casa de playa en Punta Sal, Tumbes, todos vinculados a fondos provenientes de sobornos pagados por Odebrecht y Camargo Correa por contratos públicos, según detalló la fiscal Briceño Aguayo.
Además, la Fiscalía ha solicitado el decomiso de cuentas bancarias nacionales e internacionales, la disolución de dichas empresas y una reparación civil solidaria por más de 38 millones de soles. La acusación también alcanza a la esposa de Toledo, Eliane Karp; la suegra Eva Fernenbug, quien enfrenta un pedido de 10 años de prisión; y al exjefe de seguridad Avraham Dan On, para quien se solicitó igual condena que para Toledo.
Por su parte, la abogada penalista Romy Chang, señaló en medios televisivos que la situación jurídica se complica debido a que Eliane Karp, quién figura también en el proceso penal, reside en Israel, país que no autoriza la extradición de sus ciudadanos, lo cual dificulta las acciones legales en su contra.
El caso Ecoteva comenzó en abril de 2023 y hasta la fecha, Toledo ha asistido a todas las audiencias, a pesar de los problemas de salud que ha alegado para justificar medidas alternativas a la prisión preventiva. La lectura oficial de la sentencia estaba programada para llevarse a cabo en la sede judicial de la Diroes en Ate Vitarte, marcando un nuevo capítulo en el seguimiento judicial que enfrenta el expresidente.
Aunque las sentencias aún pueden ser apeladas y deben ser revisadas por la Corte Suprema, la confirmación de esta segunda condena subraya los avances en la lucha contra la corrupción en Perú, reflejando la complejidad de los mecanismos ilícitos usados para desviar fondos públicos. El desarrollo de este caso es seguido con atención tanto por la opinión pública como por expertos en justicia y derecho penal, dada la magnitud y repercusión de las investigaciones relacionadas con el expresidente Toledo y sus allegados.
RADIO SENTIMIENTO
Redactado por Lucero Falcon